Bogotá, Colombia. En una audiencia judicial, Katherine Martínez Martínez, conocida con el alias de “Gabriela”, aceptó su responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y fue condenada a 254 meses de prisión, equivalentes a 21 años y 2 meses.
La sentencia fue ratificada por la jueza del caso tras avalar un preacuerdo alcanzado entre la defensa de la procesada y la Fiscalía General de la Nación. Durante la diligencia, se dejó constancia de que el acuerdo fue voluntario y que Martínez contó con la debida asesoría jurídica.
Un crimen que conmocionó al país
El atentado ocurrió el 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. El ataque fue perpetrado por un sicario de 15 años, quien fue capturado el mismo día de los hechos.
Tras el atentado, el senador permaneció durante dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde fue sometido a varias cirugías. Sin embargo, el 11 de agosto falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos.
El caso generó una fuerte reacción a nivel nacional y abrió una investigación que avanzó con rapidez. De acuerdo con las autoridades, Martínez fue capturada menos de diez días después del crimen, gracias a labores de inteligencia y al análisis de cámaras de seguridad del sector.
El papel de alias “Gabriela” en el atentado
Según el expediente judicial, la Fiscalía señaló a Martínez como una pieza clave en la planificación y ejecución del asesinato. Entre los elementos expuestos durante el proceso, se indicó que habría proporcionado el arma de fuego al menor que disparó contra el senador, además de participar en la logística previa del ataque.
Durante la audiencia en la que aceptó cargos, alias “Gabriela” ofreció disculpas públicas a los familiares de la víctima, en especial a su esposa, María Claudia Tarazona, y a su hermana, María Carolina Hoyos. En su intervención expresó arrepentimiento y reconoció la gravedad de sus actos, señalando que sus palabras no compensan el dolor causado.
Con la aceptación de responsabilidad y la aprobación del preacuerdo, el proceso judicial en su contra culmina con una sentencia condenatoria que fija la pena por los delitos relacionados con el magnicidio. Entretanto, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes frente a los demás implicados en el caso.
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