Consejo de Estado admite demanda contra directiva que destina parte de la pauta oficial a medios alternativos
Bogotá, mayo de 2025. El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) en contra de la Directiva Presidencial 11 de 2024, que obliga a destinar al menos el 33,3 % de la pauta oficial del Gobierno a medios alternativos, comunitarios y digitales del país.
La medida, que entró en vigor en 2025, ha sido defendida por sectores que promueven la democratización de la información y el fortalecimiento de la pluralidad mediática. No obstante, Fede sostiene que esta directriz vulnera principios legales y constitucionales relacionados con la contratación pública.
“Aunque la directriz persigue fines legítimos como la pluralidad informativa y el acceso equitativo a la pauta estatal, esta norma fue adoptada sin respetar los límites legales y constitucionales que rigen la contratación pública”, señala el texto de la demanda.
De acuerdo con la organización demandante, la imposición de un porcentaje fijo para este tipo de medios desconoce normas vigentes que establecen que la publicidad oficial debe orientarse al cumplimiento de finalidades institucionales, sin fijar montos específicos ni dar trato preferencial a determinado tipo de medios.
Asimismo, advierten que la Directiva 11 de 2024 fue emitida sin una base legal clara, lo que, en su criterio, excede las competencias del presidente en materia de contratación estatal.
Uno de los puntos críticos señalados por la Fundación es la falta de definición legal del concepto de "medios alternativos", lo que —según argumentan— deja abierta la puerta a la discrecionalidad administrativa, posibles concentraciones indebidas de recursos y eventuales usos políticos de la pauta institucional.
"El fortalecimiento de la pluralidad informativa debe hacerse respetando las reglas del juego. Las entidades estatales deben contratar según principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, y no mediante imposiciones que distorsionan el uso del presupuesto público", afirmó Andrés Caro, director de Fede.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado analizará si la directiva en cuestión incurre en vicios de legalidad y si vulnera principios fundamentales del régimen de contratación pública. También deberá evaluar la viabilidad jurídica de establecer porcentajes obligatorios en la distribución de recursos estatales para comunicación institucional.
La decisión final del alto tribunal podría sentar un importante precedente sobre los límites de la intervención estatal en la asignación de pauta oficial y el papel de los medios alternativos en el ecosistema mediático colombiano.
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