Desde hoy, los concejales de municipios clasificados en las categorías quinta y sexta empezarán a recibir sus honorarios conforme a los nuevos lineamientos establecidos por la Ley 2461 de 2025, recientemente sancionada por el Gobierno Nacional. Esta norma representa un importante avance en el fortalecimiento de las corporaciones públicas municipales de elección popular, dignificando la labor que ejercen sus integrantes.
La Federación Nacional de Concejos (FENACON) celebró la aprobación de la norma, que surge del Proyecto de Ley 069 de 2023 Senado y 435 de 2024 Cámara, como un reconocimiento a la labor de los concejales en los territorios más apartados del país.
Principales novedades de la Ley 2461 de 2025:
- 1. Incremento en los honorarios: Los concejales de municipios de quinta y sexta categoría devengarán los mismos honorarios que los de cuarta categoría.
- 2. Ampliación del número de sesiones: Se establecen hasta 80 sesiones ordinarias y 40 extraordinarias para municipios de tercera a sexta categoría.
- 3. Acceso pleno a seguridad social: La afiliación y aportes a salud y pensión estarán a cargo de los municipios.
- 4. Actualización anual de honorarios: Los honorarios se ajustarán cada año conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando su poder adquisitivo.
Aunque la Ley ya rige plenamente, los municipios deberán hacer los ajustes presupuestales necesarios para cumplir con las nuevas obligaciones. FENACON aclaró que, en caso de no contar con los recursos suficientes de forma inmediata, los honorarios adeudados serán considerados como pasivos exigibles a favor de los concejales.
Concejales de los diferentes partidos, destacaron que esta ley no solo representa un ajuste económico, sino también una forma de saldar una deuda social histórica con los concejales de los municipios con menos capacidad financiera.
“Así como se ha reconocido la labor de las madres comunitarias, esta norma dignifica a los concejales de los municipios más pobres del país. Además, permite que las entidades territoriales de quinta y sexta categoría financien estos pagos con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)”, explicó Hernández.
Una gran iniciativa, pero se advirtió que también pone nuevos retos fiscales para los entes territoriales.
“La noticia nos obliga a garantizar las apropiaciones presupuestales necesarias. Ahora esperamos que el Gobierno Nacional, mediante una ley de competencias, aumente el porcentaje del SGP para cubrir esta nueva obligación. Esta es una lucha de muchos años que finalmente empieza a traducirse en reconocimiento real para quienes representan a sus comunidades”,
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