A partir de este 15 de julio de 2025, los trabajadores del sector privado en Colombia verán una nueva reducción en su jornada laboral semanal, que pasará de 46 a 44 horas. Esta medida hace parte de la implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021, la cual plantea una disminución gradual hasta llegar a las 42 horas semanales en 2026.
El ajuste se ha venido aplicando de forma escalonada desde 2023, cuando la jornada pasó de 48 a 47 horas. En 2024 se redujo a 46 horas, y ahora, con el cambio de 2025, se completan tres de los cuatro pasos que exige la normativa. El proceso culminará el 15 de julio de 2026, cuando se establezca la jornada máxima legal en 42 horas semanales.
¿A quiénes aplica este ajuste?
La reducción aplica para trabajadores y trabajadoras del sector privado cuyas relaciones laborales están reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo. Esto incluye a empleadas domésticas (internas y externas) contratadas a tiempo completo, así como a empleados de empresas estatales cuya vinculación esté regida por el mismo código.
¿Quiénes están excluidos?
Quedan por fuera de esta medida:
Servidores públicos (salvo los vinculados a empresas estatales bajo el Código Sustantivo del Trabajo).
Trabajadores con jornadas especiales o contratos por horas.
Menores de edad con contratos laborales autorizados por el Ministerio de Trabajo.
Cargos de dirección, confianza o manejo que negocien condiciones distintas con la empresa.
Trabajadores informales.
¿Se pierden algunos beneficios?
Sí. Con cada reducción horaria desaparecen progresivamente algunos beneficios laborales. Uno de ellos es el llamado "Día de la Familia", que ofrecía dos jornadas pagas al año para compartir en el hogar. Además, las dos horas semanales para actividades recreativas o culturales —aplicables en empresas con más de 50 empleados— también quedarán sin efecto una vez se llegue al límite de 42 horas en 2026.
¿Afecta el salario?
No. La ley establece de manera clara que la reducción de la jornada no implica disminución del salario ni de las prestaciones sociales. Tampoco altera el valor de la hora ordinaria ni libera a los empleadores de sus obligaciones contractuales.
Este cambio, que no interfiere con la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso, responde a un modelo más equilibrado entre vida personal y trabajo, y busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar sus derechos adquiridos.
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